FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA PIDE SOMETAN ALCALDE LA ROMANA

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció el sometimiento a juicio político de los alcaldes Francisco Fernández, de Santo Domingo Norte, y de Juan Antonio Adames (Tony Adames) de La Romana, por las acusaciones y señalamientos reiterados de la comisión de actos de corrupción en el desempeño de sus respetivas funciones. Trajano Potentini, presidente de la entidad de sociedad civil, consideró como graves y comprometedoras las revelaciones reiteradas y pruebas aportadas por la periodista Nuria Piera, en sus programas de televisión, sobre la adquisición de bienes millonarios y el incremento injustificado del patrimonio del alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, sin el sustento que explique, o avale el origen lícito de sus bienes.

Asimismo, afirman que constituye motivo de vergüenza y preocupación el sometimiento y querella, que depositará por ante la Dirección de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (DPCA), con los avales, documentos, detalles y pruebas correspondientes, el regidor de la Romana, Wanchy Medina en contra del alcalde Tony Adames, por la malversación de más de 11.5 millones, en la construcción de varias obras, las cuales al día de hoy no han sido levantadas, ni se advierte algún avance en la edificación de las misma.

Potentini, hablando a nombre de Justicia y Transparencia, instó al Congreso Nacional, para que haciendo uso de sus facultades constitucionales, den un ejemplo, sometiendo y destituyendo en juicio político a los alcaldes de Santo Domingo Norte y la Romana, por actuar al margen de la ética, la moral y la transparencia en las responsabilidades puestas a su cargo.

Ante la gravedad de los hechos, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) cree que la Liga Municipal Dominicana, como órgano rector y asesor de los ayuntamientos esta llamada a jugar un rol más activo en la supervisión, tecnificación e institucionalización de los cabildos.

Finalmente la FJT asegura que la corrupción denunciada en los cabildos de referencia, puede ser tomada como una muestra estadística de lo que está pasando a nivel nacional, confirmando de paso los datos de un estudio presentado por el capítulo de Transparencia Municipal de Justicia y Transparencia, el cual arrojó que más del 87% de los ayuntamientos violan reiterada y recurrentemente las leyes sobre transparencia, violaciones que se verifican en el incumplimiento de la ley 176-07, en el presupuesto participativo, más del 25% destinado al pago de la nómina, el nepotismo, la rendición de cuentas no presentada a los órganos correspondientes, violaciones a la ley 200-04 sobre acceso a la información pública, la ley 41-08 de función pública, la ley 340-06 sobre compra y contrataciones inobservada constantemente, casi en la totalidad de los ayuntamientos, y las transgresiones a las leyes y directrices de la Contraloría General de la República y la Constitución de la República en sus artículos 138, 140 y 144, relativos a los principios rectores de la administración pública.