jueves, 15 de diciembre de 2011

JUEZA DE LA ROMANA INVOLUCRADA EN CASO DE EXTORSION PARA FALLAR EN FAVOR DE EXPRESA BRITANICA.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, informó haber recibido la denuncia en contra de la jueza Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, acusada de un presunto intento de extorsión a una empresa británica, a la que demandaba 6 mil dólares para favorecerla con un fallo. El Consejo del Poder Judicial remitió el caso a la Procuraduría General de la República para fines de investigación.



Una resolución del Consejo del Poder Judicial indica que esa investigación será independiente al proceso que sigue la Inspectoría General de ese organismo.

Subero Isa dijo que la acusación contra la jueza Sánchez Molina fue presentada por la abogada de la empresa, Cristina Rodríguez Vargas, quien entregó una conversación telefónica de un intermediario que participó en la operación de extorsión, en la que éste hace constar que el dinero era alegadamente para la magistrada de La Romana.

Al conocer de estas evidencias, Subero Isa dijo que el Consejo del Poder Judicial remitió el caso a la Procuraduría para fines de investigación del caso, garantizando que si de este problema se deriva alguna violación al Código Penal Dominicano, u otra disposición legal, se actuará en consecuencia.

ASI EDITORIALIZO EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO DEL CASO JUEZA DE LA ROMANA

Es usual que autoridades de investigación y orden público se quejen de debilidades, para no utilizar palabras mayores, de jueces que emiten sentencias complacientes, o que deciden expedientes con pasmosa liberalidad. No ocurre nada. El grito se queda en el aire, sin consecuencias.

La respuesta más encendida puede proceder del Poder Judicial. Jueces que con voces viriles defienden sus decisiones de una manera que deja a muchos en estado de estupefacción, petrificados.

Otra vez los ojos del país se vuelven a la Justicia, en medio del proceso de selección de los hombres y mujeres que la dirigirán. Esta vez ha sido el embajador de Inglaterra, Steven Fisher, quien llamó la atención cuando denunció que una empresa inglesa dejó sus negocios porque no soportó los sobornos que le exigían.

Esa queja alarmó a medio país, porque resultaba cuesta arriba suponer que un embajador inglés haría una denuncia de esa envergadura sin algún asidero. Ahora es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien anuncia que una jueza de la región Este es investigada por extorsión a una empresa.

Estas situaciones son las que hacen que se extienda la percepción de creciente corrupción. Generalmente, cuando se habla de ese flagelo, la gente tiende a imaginarla en el gobierno central. Pero es un mal de la administración en general.

Corrupción en la Justicia, corrupción en el poder municipal, corrupción en el gobierno nacional. Legisladores listos envueltos en cualquier tipo de negocios, no siempre sujetos a buenas prácticas. Y la empresa privada no es absolutamente ajena a esos comportamientos.

En fin, con sobrada razón, en cada informe global, los dominicanos aparecemos con malas calificaciones sobre esta materia.

Que ahora sean jueces quienes estén en el ojo del huracán inquieta, porque todavía apostamos a un Poder Judicial garante de los derechos de ciudadanía, entre los que está hacer negocios, es decir, la libre empresa, con igualdad y seguridad para las partes.


La corrupción en la Justicia es la más inaceptable de todas las expresiones de corrupción.